La fundación A Ganar recibió 10,5 millones de dólares por sus vínculos con siete organismos públicos
Publicado el 26 de septiembre de 2022 Escribe Mariana Cianelli La Diaria
En la mayoría de los casos fue la única oferente y los convenios fueron observados por el Tribunal de Cuentas.
La fundación A Ganar ha resultado elegida en múltiples llamados desde que asumió esta nueva administración y, en la mayoría de los casos, el Tribunal de Cuentas (TC) observó los convenios por no contener el detalle del gasto ni de los programas que se iban a ejecutar.
Mientras la fundación continúa afianzando su presencia en el Estado, la oposición denuncia el avance de las tercerizaciones como consecuencia del vínculo de la organización con el Partido Nacional (PN).
La fundación tiene en sus filas a personas que integraron el PN o tienen algún vínculo con figuras nacionalistas.
El director de la fundación, Alejandro Rico, fue director del Instituto Nacional de la Juventud en 2000 por el PN, y la subdirectora, Verónica Martínez Vicentino, es hermana de Nicolás Martínez Vicentino, secretario privado del presidente Luis Lacalle Pou, y de Valentín Martínez Vicentino, secretario general de la Intendencia de Rocha. Además, la fundadora de la institución fue Magdalena Secco, esposa de Ignacio de Posadas, exministro de Economía durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle.
A partir de diversos pedidos de acceso a la información pública se informó el miércoles sobre los montos y características de los convenios que tiene la fundación con :
Ministerio de Desarrollo Social (Mides),
Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP),
Secretaría Nacional de Deportes (SND) y varias intendencias lideradas por dirigentes nacionalistas.
La fundación A Ganar y su vínculo con organismos públicos
Fuente: Pedidos de acceso a la información pública y otros documentos
La fundación recibió aproximadamente 426,5 millones de pesos por estos convenios, lo que equivale a 10,5 millones de dólares tomando la cotización actual.
10.5 millones usd
Más de la mitad del total corresponde a los acuerdos con la Intendencia de Maldonado. Los números surgen de los pedidos de acceso a la información pública realizados por el programa y otros documentos a los que accedió la diaria.
Las intendencias
El intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, realizó una licitación del 23 al 30 de diciembre de 2020 para gestionar el personal de los ocho centros CAIF y del centro Siempre del departamento. La única oferente fue A Ganar, que resultó la adjudicataria.
Según datos proporcionados por la intendencia el 2 de setiembre de este año, a partir de un pedido de información pública realizado por ediles del FA, el monto pagado a la fundación por la gestión de recursos humanos en 2021 asciende a 4.123.930 pesos. De febrero a diciembre de 2021, se le pagó a la fundación 2.079.411 pesos por los costos administrativos de los CAIF y 2.044.511 pesos por los costos administrativos del sector 1 (no especifica a qué se refiere).
En julio de 2021, el Tribunal de Cuentas observó la adjudicación, señalando que se contravino algunos artículos del Tocaf, por la existencia de “indefiniciones, contradicciones y cláusulas ambiguas”; que las prestaciones objeto de la contratación “comenzaron a ejecutarse sin la intervención previa” del Tribunal de Cuentas, y que faltó información contable sobre el gasto.
En el caso de Rocha, la fundación A Ganar fue elegida en dos oportunidades para llevar a cabo diversos servicios. En noviembre de 2021, se realizó un llamado en el que se convocó a organizaciones interesadas en realizar gestión contable, administrativa y técnica de programas sociales, culturales, deportivos y educativos.
La única oferente fue la fundación A Ganar,
que en su propuesta informó que cobraba 5% del monto total que la intendencia destinaba al costo laboral de los trabajadores (salarios, seguridad social, uniformes, beneficios sociales, entre otros). Además, fijó en un valor mensual de 33.000 pesos el costo de la supervisión de los recursos humanos, más un costo variable por trabajador supervisado. Por último, la fundación informó que brindaría cursos de capacitación y orientación laboral, por los que cobraría 6.447 pesos por cada grupo de hasta 20 trabajadores.
En diciembre de 2021, el Tribunal de Cuentas observó la adjudicación, argumentando que el contrato contraviene el artículo 48 del Tocaf porque no describe detalladamente el objeto de la contratación. Además, el tribunal entiende que en la propuesta presentada no se define “ningún programa concreto”, tampoco “se indica el número de personal a ser contratado”, ni “el monto estimado o máximo a ser transferido por la intendencia”.
La intendencia reiteró el gasto, sin brindar los detalles exigidos por el TC. Sin embargo, en agosto de este año, el diputado del Frente Amplio Gabriel Tinaglini realizó un pedido de informes al Tribunal de Cuentas para conocer el monto y los mecanismos de pago a la fundación. Se informó que se hicieron diversos pagos, por diferentes conceptos, que suman 38.167.890 pesos.
Previamente, el 8 de enero de 2021, la Intendencia de Rocha resolvió contratar a la fundación A Ganar para desarrollar el gerenciamiento de recursos humanos para un programa socioeducativo de higiene ambiental y otros emergentes relativos a la temporada.
La fundación accedió al contrato tras presentarse a un llamado que la comuna realizó el 29 de diciembre de 2020. Por esta licitación la organización recibió 2,5 millones de pesos para trabajar del 10 de enero al 28 de febrero, con la posibilidad de ampliar el margen hasta la Semana de Turismo.
La oposición departamental denunció que, en este caso, el secretario general de la Intendencia, Valentín Martínez Vicentino, había participado en el proceso de adjudicaciónee del llamado, e incluso lo había hecho como integrante de la comisión asesora de adjudicaciones. La organización que terminó siendo beneficiada fue A Ganar, donde su hermana, Verónica Martínez Vicentino, es subdirectora.
Según informó el semanario Brecha en agosto del año pasado el Tribunal de Cuentas también observó este convenio por entender que hubo varias irregularidades en el trámite licitatorio. Asimismo, el semanario informó que el caso fue analizado por la Jutep, que concluyó que la participación del secretario de la intendencia “no incidió en la adjudicación de la licitación a la fundación A Ganar, ya que esta se aprobó por unanimidad”, y que “no se perjudicó a ningún interesado, ya que no hubo otro oferente”. De todas formas, la Jutep advirtió que habría sido “prudente y éticamente correcto que el secretario general de la Intendencia de Rocha se excusara de participar”.
Tinaglini explicó en La Letra Chica que posteriormente la Intendencia de Rocha hizo una ampliación del contrato por 1,5 millones de pesos. Según dijo el legislador, la comuna terminó sustituyendo a ocho cooperativas sociales por los acuerdos con la fundación.
“Acá se da la particularidad de que hay funcionarios municipales a los que se les vencía el contrato y les dicen: ‘Firma con la fundación A Ganar o te quedas sin trabajo’”
, comentó el legislador. Si bien señaló que las condiciones laborales se mantienen inalteradas, el plazo de contratación de la fundación es por seis meses, con posibilidad de renovarse por un año, lo que significa “una precarización total del trabajo”. Al momento, 200 funcionarios pasaron a trabajar a través de la fundación A Ganar, detalló.
En tanto, el vínculo de la fundación con la Intendencia de Maldonado se inició en 2015 y el contrato inicial y sus sucesivas prórrogas fueron observados por el TC en múltiples oportunidades. El edil del FA Joaquín Garlo explicó en el programa televisivo que Maldonado
“fue el laboratorio en el que se comenzó a trabajar en 2015 y sirvió de antecedente ya que el resto de las intendencias del PN en este nuevo período de gobierno adoptaron el mecanismo de contratar con la fundación y desarrollar diversos programas”.
A partir de la primera contratación, la oposición departamental comenzó a cursar diversos pedidos de informes y constató que existen más de 30 observaciones del TC a los contratos celebrados entre la intendencia y la fundación, apuntó. Según Garlo, la organización empezó a ser contratada para desarrollar distintas tareas que hasta ese entonces realizaba la intendencia, como la gestión de los Centros de Atención a la Infancia en Verano, de los jornales solidarios y de programas de barrido y mantenimiento del espacio público.
“La fundación pasó a convertirse en una agencia de colocación de militantes vinculados al PN, correligionarios del intendente, que ingresan a trabajar a la intendencia a partir de la fundación A Ganar”,
dijo Garlo al programa, y explicó que actualmente varios funcionarios que cumplen tareas administrativas, los teatros y los centros vinculados a las políticas de género ingresaron a través de la organización.
La historia se repite en el caso de la Intendencia de Durazno: al igual que en Paysandú, la comuna realizó un llamado en los últimos días de 2020 para el gerenciamiento de recursos humanos para áreas sociales, culturales y deportivas.
La única oferente fue la fundación A Ganar.
Según información de la intendencia a un pedido de acceso de información pública de ediles de la oposición de Durazno, de mayo a diciembre de 2021 la fundación recibió por retribuciones del personal contratado 19.059.505 pesos, un monto que incluye las transferencias “por deporte” y por jornales solidarios. Asimismo, en ese mismo período la intendencia le pagó 1.507.434 por concepto de comisión.
Más adelante, la comuna solicitó una ampliación de la licitación por un monto de ocho millones de pesos, equivalente al 80% de la adjudicación base, para la gestión de los jornales solidarios y la gestión de docentes del área deportiva.
En febrero de este año se abrió otro llamado para la “gestión y aporte de recursos humanos para áreas sociales, culturales y deportivas, programas solidarios de la intendencia”.
La única oferente fue la fundación A Ganar. Meses después, en mayo, el Tribunal de Cuentas observó el gasto. El organismo señaló que en la comisión asesora que determinó la adjudicación participó un edil y consideró que no era oportuno, y, en segundo lugar, que a la hora de la presentación al llamado la fundación no se encontraba activa en el Registro Único de Proveedores del Estado y este es un “error no subsanable''.
Las compras del Mides
El Mides viene trabajando con la fundación en la gestión de refugios para personas en situación de calle. Según la respuesta de la cartera al programa, en junio de este año se realizó una compra directa para la gestión y contratación de hasta 33 cupos en centros o residenciales de larga estadía habilitados, para ofrecer asistencia a personas usuarias de centros 24 horas. El monto de la contratación es por un total de 10.951.956 pesos.
Asimismo se autorizó la contratación de la fundación para la gestión de un centro 24 horas en Montevideo, del 11 de mayo de 2022 al 20 de mayo de 2023, hasta que culmine el proceso licitatorio en el marco del expediente, por un monto de 14.928.630 pesos.
El deporte y la fundación A Ganar
La Secretaría Nacional de Deportes tiene actualmente ocho convenios vigentes con la fundación A Ganar. Uno de ellos, por ejemplo, es para la gestión administrativa de los polideportivos ubicados en las plazas de deporte, a partir de la contratación de personas que participan en el programa de promoción de empleo de la fundación, que se llama Impulsar. Por esta tarea la SND le paga tres millones de pesos al año.
También se le pagó dos millones de pesos, prorrogables por dos años, a fin de que convocara a organizaciones no gubernamentales para el mantenimiento de espacios verdes dependientes de la SND. En total, la fundación tiene diversos contratos vigentes con la secretaría por un monto de 55 millones de pesos.
El MTOP y el programa socioeducativo laboral cuestionado
También a fines de 2020, el MTOP suscribió un convenio con la fundación A Ganar. La Dirección Nacional de Arquitectura de la cartera ordenó una compra directa a esa organización para la gestión de un programa de inclusión socioeducativo laboral y la contratación de personal para la dirección, por un plazo de dos años.
Previamente se había realizado un llamado a licitación con el mismo propósito, pero por distintos motivos fueron rechazadas las ofertas presentadas por Ana Luisa Campal Urruty y la Fundación A Ganar.
En la resolución del 28 de diciembre de 2020, el MTOP sostiene que cursó una invitación a dos firmas oferentes en la licitación de referencia y sólo se presentó A Ganar. La Dirección Nacional de Arquitectura argumentó que la compra directa se realizó por las “necesidades urgentes de servicio”, de “mantenimiento y profesional, fomentando asimismo políticas de inclusión laboral y social”. En el contrato se dispuso que el costo sería hasta un máximo de 10 millones de pesos.
En agosto de este año, el TC observó la licitación que ganó la fundación A Ganar, por entender que “la gestión de un programa de inclusión socioeducativo laboral no está prevista dentro de las atribuciones conferidas por la normativa vigente al MTOP” y, debido a eso, la cartera no tiene la competencia para llevarla a cabo.
Según informó la diaria, en base a un documento que emitió la fundación, 18 personas ingresaron al MTOP para desempeñarse en el “Programa Socio Educativo Laboral”. En el documento fechado en mayo de 2022 se solicita el pago de “salarios, salario vacacional, viáticos, nómina de BPS y BSE”. La cifra total que la fundación le pidió a la dirección fue de 1.195.213 pesos.
La mayoría de los trabajadores que fueron incorporados son militantes del PN, en particular de las listas 33 y 71. El director nacional de Arquitectura del MTOP, Santiago Borsari, es integrante de la Lista 71.
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